Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, pasa de su finca a la cárcel de Cómbita: lo que dijo el juez y de qué lo acusan
Un juez de segunda instancia de Medellín revocó la detención domiciliaria del exconcejal y ordenó su traslado a un centro carcelario. La Fiscalía lo señala por presuntas irregularidades en contratos por $17.656 millones entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí durante la pandemia.
Foto: Petruss / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
Panorámica de Cómbita, Boyacá. Imagen de archivo: Petruss / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Miguel Andrés Quintero Calle, exconcejal y hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, ya está en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Así lo informaron El País de Cali y El Espectador, luego de que un juez de segunda instancia revocara el viernes 30 de octubre la detención domiciliaria que cumplía desde el 2 de octubre.
Pasó de su finca a una cárcel de máxima seguridad.
La medida en su domicilio la cumplía en una finca de la parcelación Santa Ana, en Copacabana (Antioquia). Hasta allí llegaron uniformados del Inpec y de la Policía con un fuerte dispositivo de seguridad para trasladarlo. El Inpec definió como destino el centro carcelario de Cómbita.
El argumento del juez
El Juzgado Primero Penal de Medellín explicó por qué la casa por cárcel no era suficiente: “Miguel Andrés Quintero Calle no necesitó ejercer formalmente un cargo, concurrir diariamente a la entidad ni desplazarse personalmente para materializar la actuación atribuida. Su intervención se habría desarrollado mediante los grupos de mensajería, contactos personales e interpuesta a personas”, citó El País.
Es decir, según el juez, desde una casa también podría seguir actuando por esos mismos medios.
De qué lo acusa la Fiscalía
El caso se relaciona con seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí para la entrega de elementos de protección y kits de bioseguridad durante la pandemia. Según El Espectador, los proyectos sumaban $17.656 millones en contratos firmados entre 2020 y 2023.
La Fiscalía sostiene que se habría causado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones, mediante comisiones que primero habrían sido del 20% y luego del 15%. A Quintero le atribuye la presunta apropiación de $1.387 millones. Está imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El ente acusador aclara que Quintero no firmó ni aprobó ningún contrato, pero sostiene que habría dado la orden para que lo hicieran funcionarios imputados, como parte de un “acuerdo de favorecimiento”. Una de las pruebas es un chat de WhatsApp creado en 2020 con el nombre “Alternativos”, luego rebautizado “Amigos”, en el que supuestamente se le identificaba como “Mr. M” o “nuestro jefe”. La investigación está a cargo de la fiscal Magda Sofía Ramírez.
Lo que falta
Quintero ha estado acompañado en el proceso por su abogado, Santiago Trespalacios. La decisión del viernes es sobre la medida de aseguramiento, no una condena: el exconcejal conserva la presunción de inocencia y el proceso seguirá en los tribunales, donde la defensa podrá controvertir las pruebas.
En el expediente figura además Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, imputado en octubre de 2025 y hoy testigo clave del caso, según El Espectador. La Fiscalía sostiene que Cadavid emitía cheques de 50 millones de pesos a nombre de personas de confianza; son señalamientos que aún deben probarse en juicio.
El caso tiene impacto político en Antioquia por el apellido Quintero y por tratarse de recursos públicos destinados a la emergencia sanitaria.
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Fuentes
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